Impunidad para Grupo MAS, el reto del 2024

Otra inacción que se suma a los diversos señalamientos por impunidad contra los abusos de algunos organismos, dependencias y actores políticos en Veracruz, es la de investigar y sancionar los abusos e ilegalidad en la que incurre el operador de agua potable, el Grupo MAS en Veracruz.

Todo indica que los panoramas legales o más bien las tretas legaloides le dan a este ente la confianza que nada ni nadie puede actuar en su contra, a pesar de que el mismo Presidente de la República haya girado indicaciones para ello.

Y es que fue Andrés Manuel López Obrador quien durante su consabida Mañanera, ante los medios de comunicación, el 24 de julio abordó el tema además de recordar un informe detallado del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, quien dijo que existe un dictamen en el que se considera que la zona conurbada de Veracruz tiene el peor sistema de agua potable del país.

Hizo énfasis entonces que el sistema de agua está concesionado desde el 2016, anuencia que fue concedida por 30 años. Ante esto, el Presidente condenó dicha situación, a pregunta de la corresponsal de Imagen de Veracruz, Tere Mora Guillén, al responder que “este problema es parte de una política neoliberal porfirista que consistió en la entrega de concesiones o contratos particulares”.

Y agregaría entonces: “Estos contratos están por todos lados, hay que ir revisando que se constante que se están cumpliendo, que no sean contratos leoninos, y además que se cumpla con el servicio que ofrecen”. Y fue más claro: “la cancelación de los contratos corresponde a las autoridades estatales y en algunos casos, autoridades municipales”.

En ese sentido, desde la máxima tribuna y la máxima autoridad dio el banderazo de lo que debe proceder ante los reclamos sistemáticos y permanentes de la población.

Mientras que sobre el mismo tema, la problemática fue asumida por el diputado local, Fernando Arteaga, presidente de la Comisión del Agua del Congreso Local, pero quien tras mucho hablar, criticar y advertir que iría hasta el final para desaparecer dicha concesión, sospechosamente enmudeció tras varias intervenciones.

Su postura para exigir acabar con el mal servicio y las irregularidades de MAS en Veracruz y en Medellín, de pronto se quedó en el intento, y ha dejado atrás la campaña, incluso solo se le vio de dama de compañía del alcalde de Medellín, Marcos Isleño, quien deslindó a su municipio del servicio de agua que presta Grupo MAS.

En noviembre del 2022 su insistencia en medios fue evidente por parte de Arteaga Aponte quien aseguraba que existen los elementos suficientes para revertir la concesión del grupo metropolitano de Agua y Saneamiento.

Hubo además declaraciones del Orfis y el legislador se basó en las auditorías técnicas y financieras contra el organismo. Incluso se supo que presionó a los organismos para obtener la información en contra del Sistema de Agua a fin de fundamentar sus dichos.

Pero sospechosamente y de buenas a primeras dejó de hacer grilla contra el Grupo MAS. Era obvio que esto tenía una intención y una vez logrado su objetivo se olvidó de los intereses de los ciudadanos.

Se conoce el trasfondo que mueve al diputado en realidad y no precisamente el bienestar común.

Así, éste y las diversas voces han callado.

Ni la instrucción o sugerencia desde la Presidencia, en el sentido de que, se debería indagar e ir a fondo para resolver este problema y hasta ahora nada.

MAS se sigue riendo de los gobiernos Federal y Estatal y sigue solapado por el gobierno panista municipal que ampara su complicidad en un convenio a modo, desde hace varios años, para seguir saqueando la economía familiar de los porteños.

Cada mes opera cobrando excesivas tarifas, entregando a cambio agua con olores nauseabundos en algunas zonas, dejando sin agua por días y hasta semanas enteras a otras populosas colonias de la ciudad, mientras que los que más suerte tienen reciben un líquido para el consumo humano, sucio y con ínfima calidad.

En tanto, las amenazas siguen día a día, para que se les pague en forma puntual y onerosa el servicio del agua más caro del país, que es el de la conurbación.

Pero como es el Ayuntamiento el que tiene la concesión, en el Congreso Local han preferido no meterse en problemas. Dejar que sigan haciendo de las suyas.

Una diputada tiene el expediente completo y los argumentos legales con un proyecto de revocación de la concesión pero le han dicho que simplemente no procede, políticamente, claro está.

Los gobiernos estatal y federal argumentan que jurídicamente tampoco pueden entrarle.

Entonces como dicen en la serie de El Chapulín Colorado, ¿y ahora, quién podrá ayudarnos o quién podrá defendernos?

Así que ante esto, solo resta una esperanza. Que el próximo gobierno estatal le meta mano a la situación.

Interesante será ver, si es que como todo parece indicar, la candidata de Morena, sea Rocío Nahle o en su caso del Frente por Veracruz, el candidato o candidata, ya sea Pepe Yunes, Julen Rementería, o Anilú Ingram, qué harán con los reclamos de la ciudadanía para proceder contra el organismo de agua.

Caso contrario si la alcaldesa del puerto de Veracruz Pati Yunes fuera la candidata del Frente Opositor, pues sería más de lo mismo. Y la complicidad actual con Grupo MAS se extendería de llegar al poder estatal.

Se verá, si otro gobernante llega, si se atenderá la demanda de un mejor servicio, que MAS se aplique e invierta algo de los 3 mil 500 millones de pesos que recoge de los ciudadanos, o si la nueva autoridad también dejará correr y dejará pasar con todo y sus afectaciones y daños en detrimento del pueblo veracruzano, al sistema de agua que surgió tras desaparecer al SAS.